De acuerdo con la denuncia presentada por una de las familias damnificadas, Villaroya administraba desde hacía años toda la documentación contable, impositiva y fiscal de la empresa. Además, contaba con un poder otorgado por la sociedad comercial y por uno de sus integrantes, lo que le permitía realizar diversos trámites en representación de la firma y manejar en forma exclusiva la clave fiscal.
“Nosotros nos dedicamos desde siempre a la actividad agropecuaria. Ella se ocupaba de toda la parte contable y realizaba prácticamente todas las gestiones administrativas”, explicó una de las denunciantes.
Las irregularidades comenzaron a salir a la luz cuando la mujer dejó de responder llamados, evitó brindar explicaciones sobre la administración de la empresa y cortó todo tipo de contacto con sus clientes. Ante esa situación, los propietarios resolvieron revocar los poderes mediante carta documento, aunque sospechan que para ese momento las operaciones cuestionadas ya se habían concretado.
El caso tomó mayor gravedad cuando comenzaron a llegar intimaciones de distintas entidades bancarias reclamando el pago de préstamos que, según sostienen los denunciantes, nunca solicitaron ni autorizaron.
A esas presuntas maniobras se sumarían otras operaciones de gran magnitud. Los damnificados aseguran que también se habría concretado la venta de un inmueble ubicado en la provincia de Córdoba y la transferencia de una cosechadora de importante valor económico sin contar con su autorización.
Con el avance de la investigación, los productores señalaron que otras personas habrían advertido situaciones similares, por lo que no descartan que existan más víctimas afectadas por la misma modalidad.
“Nosotros nos dedicamos desde siempre a la actividad agropecuaria. Ella se ocupaba de toda la parte contable y realizaba prácticamente todas las gestiones administrativas”, explicó una de las denunciantes.
Las irregularidades comenzaron a salir a la luz cuando la mujer dejó de responder llamados, evitó brindar explicaciones sobre la administración de la empresa y cortó todo tipo de contacto con sus clientes. Ante esa situación, los propietarios resolvieron revocar los poderes mediante carta documento, aunque sospechan que para ese momento las operaciones cuestionadas ya se habían concretado.
El caso tomó mayor gravedad cuando comenzaron a llegar intimaciones de distintas entidades bancarias reclamando el pago de préstamos que, según sostienen los denunciantes, nunca solicitaron ni autorizaron.
A esas presuntas maniobras se sumarían otras operaciones de gran magnitud. Los damnificados aseguran que también se habría concretado la venta de un inmueble ubicado en la provincia de Córdoba y la transferencia de una cosechadora de importante valor económico sin contar con su autorización.
Con el avance de la investigación, los productores señalaron que otras personas habrían advertido situaciones similares, por lo que no descartan que existan más víctimas afectadas por la misma modalidad.