El caso Fürth sumó un capítulo que coloca directamente bajo la lupa al juez de Control y Garantías Gastón Merino. El magistrado rechazó los pedidos de prisión preventiva contra Gerardo Caro, Matías Llado y Graciela Moyano y permitió que los tres continúen el proceso en libertad bajo cauciones de $70 millones para Caro, $70 millones para Llado y $20 millones para Moyano.
Merino estaba facultado para rechazar las prisiones preventivas si entendía que los riesgos procesales no se encontraban suficientemente acreditados. La prisión preventiva es una medida excepcional y no puede convertirse en una condena anticipada. Sin embargo, el cuestionamiento que ahora rodea al magistrado ya no se concentra solamente en el contenido jurídico de su resolución, sino en las particulares circunstancias que habrían rodeado su intervención.
Merino habría estado de licencia y la habría interrumpido para intervenir precisamente en la audiencia en la que debía resolverse la situación de los principales imputados. Luego de escuchar a las partes, rechazó las prisiones preventivas y estableció las condiciones para que recuperaran la libertad. Posteriormente, habría vuelto a solicitar licencia.
Si esa cronología queda confirmada por la documentación administrativa correspondiente, la pregunta resulta inevitable: ¿por qué Merino habría regresado de licencia precisamente para resolver una audiencia de semejante trascendencia y volvió a apartarse después de hacerlo?
La secuencia, por sí sola, no demuestra ninguna irregularidad ni permite atribuir al magistrado un favorecimiento deliberado. Pero sí exige claridad.
El escenario se vuelve todavía más delicado porque el Ministerio Público Fiscal anunció que apelará la resolución. La acusación sostiene que continúan existiendo riesgos procesales y diligencias investigativas pendientes y cuestiona la valoración efectuada por Merino. Será una instancia superior la encargada de revisar si los fundamentos utilizados por el magistrado para rechazar las prisiones preventivas resultaron suficientes.