El sol acababa de salir por el monte cuando cinco camionetas y tres motos avanzaron por un camino de tierra. Cuarenta policías y miembros de la Fiscalía recorrieron kilómetros de tierra hasta un campo de 11.800 hectáreas en Talavera, al este de Salta, muy cerca de Santiago del Estero.
La ruta más cercana está a unos 11 kilómetros y, por momentos, la señal de celular se pierde. Cuando llueve, algunos caminos se vuelven imposibles.
Para las autoridades, esa distancia convirtió estas tierras inhóspitas en un blanco fácil.
En Salta y Santiago del Estero denuncian que hay bandas que usurpan terrenos, talan montes nativos sin autorización, extorsionan, roban ganado de campos vecinos y explotan a trabajadores.
En muchos casos cuentan con vínculos políticos.
“Son bandas que ocupan campos y que aprovechan las demoras de la Justicia”, explicó Jorge Neme, vicepresidente de Agrosol S.A., la empresa propietaria de la finca Santa Rita.
Unas 2.500 hectáreas permanecen en manos de uno de estos grupos de usurpadores desde principios de 2026.
Cuando los policías llegaron al predio encontraron dos campamentos. Según fuentes judiciales, había varias personas, algunas de ellas armadas.
El operativo duró tres días. Los oficiales recorrieron los distintos sectores ocupados y secuestraron hachas, motosierras, motoguadañas, puñales, ganchos, lazos, camión con rastra, rollos de alambres y dos pistolas.
También detuvieron a siete personas acusadas de abigeato (robo o hurto de ganado) y portación de armas de fuego.
Juan Díaz (52), Rafael Torres (38), Francisco Coccioli (34) y Juan Carlos Barvero (45) están con prisión preventiva por resolución del Juzgado de Garantías a cargo de Héctor Guzmán.
Guillermo Bouhid (27), Víctor Gutiérrez (43) y Rodrigo Bermúdez (40) siguen el proceso en libertad, aunque la Fiscalía no descarta ampliar los cargos de los imputados.
Ninguno de ellos tenía antecedentes penales.
“Otros hallazgos se vinculan a la comisión de otras maniobras delictivas, por lo que las responsabilidades pueden ampliarse”, aclara la fiscal Celeste Pisacic.
Todo comenzó cuando el administrador del campo vio a un grupo de personas instalando un campamento clandestino en el norte del predio y cortaban postes de quebracho colorado en cantidades enormes.
La denuncia fue radicada ante la División de la Policía Rural y Ambiental de El Quebrachal.
Según fuentes de la investigación, la Justicia Penal tiene muchas denuncias de este tipo: grupos vinculados a la política en Salta o Santiago del Estero que usurpan campos e instalan campamentos.
Una primera medida que toman al ocupar ilegalmente es romper los alambrados y reemplazarlos.
Luego cierran caminos e impiden el libre tránsito. El punto máximo llega cuando montan retenes ilegales y con personas armadas en los accesos e interrogan a todos aquel que pasa por la zona.
En las tomas había tala ilegal sin autorización y con riesgo ambiental. En las tomas había tala ilegal sin autorización y con riesgo ambiental.
“Este problema viene desde años. La primera denuncia de la empresa fue en 2025 porque había gente que se estaba metiendo. Todo se encrudeció en enero, cuando empezaron a cercar los campos y había gente armada, con chalecos”, explica Julián Aguilar, abogado de Agrosol.
“Están detenidos porque estaban armados. Amenazaron y golpearon gente, robaron ganado. Hicieron cosas muy graves”, agrega Neme.
Una denuncia menciona que trabajaba un menor, por lo cual la Justicia Federal hizo un allanamiento por posible trata de personas con fines de explotación laboral. Allí encontraron cuatro puestos muy precarios con veinte personas.
“Estas personas fueron entrevistadas como víctimas de trata en condiciones deplorables, pero no quisieron ser rescatadas, quieren seguir trabajando”, revela una fuente cercana a la investigación.
Una vez que usurpan los campos, las bandas presentan ante la Justicia civil una usucapión -una medida para adquirir la propiedad de un bien por la posesión continua durante veinte años-, junto a una medida cautelar de no innovar.
De esa manera, el juez ordena mantener todo en las mismas condiciones, prohíbe cualquier cambio hasta que no se resuelva el juicio civil y estos grupos aprovechan los años que demoran los juicios para explotar los montes nativos y robar ganado de campos vecinos.
Sus dueños no tienen herramientas y quedan paralizados.
“No lo van a ganar, pero eso no les importa sino ganar tiempo para explotar el campo. Estaban metidos y no cumplieron la cautelar. Lo hicimos saber en el juicio civil que ordenó una verificación. Pedimos que nos reintegren el campo”, explica Aguilar.
La empresa agropecuaria apunta que el líder de la banda delictiva sigue libre y que los detenidos operaban bajo sus órdenes.
La semana pasada, el abogado Mariano Sitelli, que defendía a cinco imputados, renunció por falta de pago por parte de sus clientes.
Otro delito que cometen estos grupos es el abigeato.
Una resolución ordenó la prisión preventiva de Juan Díaz (52), Rafael Torres (38), Francisco Coccioli (34) y Juan Carlos Barvero (45).
Varios propietarios de campos vecinos denunciaron amenazas y extorsiones.
“Se presentaron en el puesto para exigirle el 50 por ciento de todo su ganado, bajo la amenaza directa de que, si no accedían, encerrarían y cargarían a todos los animales en camiones”, dice un extracto.
La presión escaló de tal manera que muchos recibieron llamadas en la que les exigían coimas en efectivo de 3 millones a 10 millones de pesos a cambio de no robar los animales.
Algunos accedieron a pagar por miedo, aunque eso no evitó que los acusados siguieran robando animales de forma sistemática.
Los ocupas montaban puestos de control ilegales.Los okupas montaban puestos de control ilegales.
“La banda arreaba animales a la fuerza desde afuera hacia dentro del nuevo alambrado, para reclamarlos como propios”, dice otra parte de la resolución.
“Ahora están analizando entre ocho y diez teléfonos. Estamos insistiendo en que se impute la extorsión, acá hay una asociación ilícita. El problema es estructural en esa zona”, explica Aguilar.
Una fuente judicial afirmó que estas usurpaciones no suceden solo en Salta, sino que es un problema de varias provincias del norte.
“En Santiago del Estero, la usurpación de tierras sucede muchísimo en la zona rural”, advierten.
Mientras se resuelven los juicios civiles, las bandas sacan camiones de noche con postes y rollos de quebracho blanco y colorado, sin autorización.
“Están haciendo un desastre económico y ecológico. Explotan animales y hacen mucha plata con la madera”, confiesa Aguilar.
Muchos propietarios denunciaron esta situación ante la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta, pero le respondieron que no cuentan con recursos y que llegar a esos campos inhóspitos es muy difícil.
“Le secuestraron unos 500 postes de quebracho por fuera de la autorización de desmonte”, agrega el abogado. /Clarín