El Gobierno nacional aseguró que ya entregó documentación a la Justicia por el paso de Flávio Bolsonaro por la Argentina y negó haber cometido irregularidades durante su ingreso y posterior salida hacia Estados Unidos. Desde la Casa Rosada sostienen que el dirigente brasileño presentó documentación válida y que no existía una alerta internacional que obligara a impedir su tránsito por el país. Mientras tanto, avanzan investigaciones judiciales en Comodoro Py y Puerto Iguazú.
Según fuentes oficiales, la Dirección Nacional de Migraciones remitió los registros de ingreso del senador brasileño y las actuaciones relacionadas con la intervención de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), en respuesta a los requerimientos de la Fiscalía de Misiones.
La documentación incluye antecedentes administrativos sobre el ingreso de Bolsonaro y su familia, así como información vinculada con el traslado hacia el aeropuerto de Puerto Iguazú. Sin embargo, todavía no se confirmó si fueron entregadas todas las grabaciones de seguridad y los registros aeroportuarios solicitados.
El Gobierno sostiene que Bolsonaro ingresó legalmente a la Argentina
La posición oficial es que Bolsonaro entró al territorio argentino con documentación habilitada y salió del país sin que existieran restricciones migratorias registradas que impidieran su desplazamiento.
Desde el Ejecutivo argumentan que la prohibición judicial de abandonar Brasil debía ser evaluada por las autoridades brasileñas y que esa disposición no representaba automáticamente una orden de detención o un impedimento de ingreso en la Argentina.
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, respaldó esta interpretación durante una actividad oficial en Rosario. El funcionario aseguró que el senador presentó los documentos correspondientes y que no existían alertas de Interpol que obligaran a las autoridades argentinas a intervenir.
La Casa Rosada insiste en que los controles se realizaron conforme a la normativa vigente y rechaza las acusaciones sobre una presunta colaboración irregular en la salida del dirigente brasileño.
Las investigaciones judiciales en Comodoro Py y Puerto Iguazú
La Justicia federal inició actuaciones para determinar si existieron delitos relacionados con el paso de Bolsonaro por territorio argentino.
En Comodoro Py, la fiscal Paloma Ochoa solicitó medidas preliminares a partir de una denuncia contra el presidente Javier Milei y otros integrantes del Gobierno por presunto encubrimiento. La causa quedó radicada en el juzgado federal de María Eugenia Capuchetti.
En paralelo, el fiscal federal de Puerto Iguazú, Fabián Martínez, requirió informes a distintos organismos nacionales por una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano.
Entre los elementos solicitados se encuentran registros migratorios, documentación del aeropuerto y antecedentes relacionados con el vuelo privado utilizado por Bolsonaro.
Uno de los puntos centrales de las investigaciones es establecer qué información tenían Migraciones y las fuerzas de seguridad sobre la situación judicial del senador antes de su llegada a la Argentina.
Cómo fue el paso de Flávio Bolsonaro por la Argentina
De acuerdo con los registros difundidos por Migraciones, Bolsonaro ingresó al país el martes 27 de octubre a las 22.50 a través del Puente Internacional Tancredo Neves, acompañado por su esposa y sus dos hijas.
El organismo informó que los cuatro presentaron documentación válida y que no existían impedimentos registrados para autorizar su ingreso.
Posteriormente, la familia abordó un vuelo privado operado por Baires Fly. La aeronave, un Gulfstream G400 con matrícula LV-JQW, tenía como destino declarado Guayaquil, Ecuador.
El avión despegó del aeropuerto de Puerto Iguazú a las 00.21 del miércoles y luego continuó hacia Miami, donde Bolsonaro llegó durante la mañana.
El viaje se produjo pese a que el Supremo Tribunal Federal de Brasil le había ordenado entregar sus pasaportes y le había prohibido abandonar el territorio brasileño.
Investigan la intervención de la Policía de Seguridad Aeroportuaria
Otro de los aspectos bajo análisis es la actuación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria durante el traslado de Bolsonaro al aeropuerto de Puerto Iguazú.
Las imágenes difundidas muestran un vehículo con patente brasileña acompañado por un patrullero de la fuerza federal en el ingreso a la terminal aérea.
En consultas anteriores, desde el área de Seguridad habían señalado que no contaban con un parte operativo que explicara formalmente ese acompañamiento. Ahora, el Gobierno asegura que las actuaciones correspondientes a la PSA también fueron remitidas a la Justicia.
La controversia también alcanzó al asesor presidencial Santiago Caputo, luego de que circularan versiones sobre su presunta participación en la organización del traslado del dirigente brasileño.
Su nombre fue relacionado con un control policial realizado durante la madrugada del miércoles sobre vehículos de la Entidad Binacional Yacyretá, en la ruta nacional 12, en Misiones.
Según esas versiones, Caputo habría sido identificado durante el procedimiento. Sin embargo, desde su entorno negaron esa información y no existe una confirmación oficial de que haya participado en la coordinación del vuelo.
Mientras algunas áreas del Gobierno rechazan haber intervenido en la organización del viaje, otras fuentes oficiales reconocieron que existió una planificación vinculada con autoridades estadounidenses.
Pedidos de explicaciones en el Congreso y tensión con Brasil
La oposición también impulsó iniciativas parlamentarias para solicitar explicaciones sobre el episodio.
Agustín Rossi presentó un proyecto para citar a Diego Santilli a la Cámara de Diputados, mientras que Esteban Paulón promovió pedidos de información sobre los movimientos migratorios y el vuelo privado.
También se plantearon iniciativas para interpelar al canciller Pablo Quirno y a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Hasta el momento, esas presentaciones no implican que las comparecencias hayan sido aprobadas.
En el plano diplomático, el caso generó nuevas tensiones con Brasil después de que Bolsonaro agradeciera públicamente a Javier Milei y Donald Trump por su llegada a Estados Unidos.
La Cancillería brasileña evitó anticipar posibles medidas contra la Argentina y remitió las consultas sobre la situación judicial del senador al Supremo Tribunal Federal.
Por su parte, el Gobierno argentino busca sostener los vínculos comerciales con Brasil mientras responde a los requerimientos judiciales.
La entrega de documentación no implica el cierre de las investigaciones. La Justicia deberá determinar si existieron irregularidades o conductas penalmente relevantes durante el ingreso, traslado y salida de Bolsonaro del territorio argentino.