El Tribunal Oral Federal 2 permanece a la espera de una resolución de la Corte Suprema para ejecutar el embargo sobre un patrimonio valuado en 685.000 millones de pesos. La medida judicial afecta a los condenados en el expediente por administración fraudulenta en el caso de obra pública, incluyendo a la exmandataria y al empresario Lázaro Báez.
La consulta elevada en mayo por el juez de ejecución Rodrigo Giménez Uriburu busca precisar si alguno de los inmuebles será destinado al uso de la justicia federal, al Consejo de la Magistratura o si corresponde su liquidación pública. Entre los bienes comprometidos figuran 19 propiedades transferidas a Máximo y Florencia Kirchner, que incluyen departamentos, viviendas en Río Gallegos y terrenos en Lago Argentino.
La Cámara de Casación confirmó en abril la legalidad del procedimiento, estableciendo que pueden decomisarse bienes en poder de terceros no condenados cuando estos los recibieron gratuitamente, incluso por herencia. Mientras tanto, el tribunal aguarda también que la Corte resuelva sobre recursos de queja presentados por las defensas para intentar frenar el proceso de embargo.