La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial ratificó una condena millonaria contra un banco que permitió el vaciamiento fraudulento de la cuenta de una jubilada. Los magistrados determinaron que la institución financiera falló en aplicar los protocolos de seguridad exigidos por el Banco Central, facilitando así la consumación del delito informático.
Los hechos ocurrieron cuando seis transferencias electrónicas drenaron casi la totalidad de los ahorros de la víctima hacia cuentas desconocidas, todo en apenas 22 minutos. La damnificada jamás autorizó las operaciones ni conocía a los beneficiarios, situación que quedó acreditada mediante extractos bancarios, correos electrónicos y la correspondiente denuncia policial ante las autoridades.
La sentencia estableció que el banco debe restituir $2.430.000 correspondientes al dinero sustraído, más $2.500.000 adicionales en concepto de resarcimiento por daño moral. La entidad quedó en rebeldía al no presentar descargo alguno, y el tribunal concluyó que violó normativas del Código Civil y disposiciones del BCRA vigentes desde 2016, que obligan a detectar movimientos inusuales y verificar la identidad del cliente antes de autorizar transferencias sospechosas.